Declaracion Unilateral de la Voluntad

Nombre: Luis Alexandro Culebro Castillo.

Materia: Obligaciones Civiles.

Nombre del trabajo: Ensayo sobre la Declaración Unilateral de la Voluntad.

Carrera: Licenciatura Ejecutiva en Derecho.

Cuatrimestre: 5to. Cuatrimestre.

Nombre del Catedrático: Doctor Manual de Jesús Corado de Paz.

Fecha de entrega: 05 de Marzo del 2016.

Universidad del Valle de México Campus: Tuxtla Gutiérrez; Chiapas.

DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD

Es importante señalar, que aunque la forma más conocida de crear obligaciones es a través de un contrato, y que el concepto de obligación más sencillo es el que hemos apuntado, existen otras posturas que lo han venido a perfeccionar como lo es en este caso la declaración unilateral de la voluntad.

Respecto de las fuentes de obligación, debemos de aclarar que la declaración unilateral de la voluntad constituye la segunda fuente principal de obligaciones. De acuerdo a lo que disponen los del artículos 1836 al 1857 del Código Civil vigente en el Estado de Chiapas, los cuales consagran la fuerza obligatoria de la manifestación de voluntad de una sola persona, rompiendo con la tradición que sostenía que la voluntad del hombre sólo era apta para engendrar obligaciones mediante el convenio, el acuerdo entre aquél que se compromete y el que adquiere el de derecho.

Respecto de las fuentes de las obligaciones, no hay lugar a dudas que al margen de la clásica distinción entre contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito los ordenamientos jurídicos de corte franco-romano siempre han considerado al contrato, al acuerdo de voluntades entre dos o más personas, como la fuente suprema de la obligación. La doctrina jurídica también señala como antecedente de las promesas unilaterales, las hechas en Roma a la ciudad (policitatio) o a la divinidad (el votum); sin embargo en el derecho laico se había resistido a reconocerla como fuente de obligaciones.

De aquí responde a un entendimiento consistente en la forzosa necesidad de la manifestación de voluntad de la persona en cuya esfera jurídica nacerá una obligación o un derecho. Si ambas personas (acreedor y deudor) necesitan manifestar su voluntad para la creación de estos efectos, tendremos los tres elementos esenciales de cualquier obligación: al menos dos sujetos, uno o más objetos y una relación que los une jurídicamente, por virtud de la cual uno podrá exigir a otro la citada prestación. Esto significa que no debemos estar sometidos a la imperiosa necesidad de que el deudor o el acreedor de una obligación sea concreto desde un principio, sino más bien tenemos la posibilidad de obligarnos frente a un número indeterminado de personas, algo difícilmente pensado en un sistema en el que la principal fuente de las obligaciones sea el contrato.

De acuerdo a nuestra historia el código civil mexicano de 1928; que fue permeable a las más novedosas corrientes jurídicas, acogió a la declaración unilateral de voluntad entre las fuentes de obligaciones, reglamentando tres especies de ella que son: las ofertas al público, la estipulación en favor de tercero, y los títulos civiles a la orden y al portador. En cuanto a la primera especie cuyo fundamento principal señala: “Artículo 1836.- El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, obliga al dueño a sostener su ofrecimiento”. En primer término es necesario distinguir una oferta al público realizada a una generalidad de la realizada a una persona determinada. En el primer caso estamos frente a una fuente de un deber jurídico a cargo del emitente a favor de un número indeterminado de sujetos, mientras que en el segundo estamos frente a una fase del proceso volitivo para la formación del consentimiento en un contrato. Por otro lado, no queda clara la postura asumida por el Código Civil sobre si la oferta puede ser de cualquier contrato o únicamente en aquellos en los que se entrega una cosa (en propiedad o en uso) a cambio del pago de un precio, como serían los restrictivos casos de la compraventa y el arrendamiento. Es decir, que desde el momento en que se hace pública su oferta o promesa de recompensa, el promitente tiene el deber jurídico y la necesidad de mantenerla.  Ahora bien, tocando el punto de la revocación de la promesa, el autor de la promesa puede revocar su oferta, siempre que la revocación se haga con la misma publicidad que en el ofrecimiento; esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1840 del código civil vigente en el estado.

Por lo que concierne a la estipulación de terceros queda decir que el principio fundamental es el de la autonomía de las partes que, si lo desean, pueden otorgar un derecho a un tercero, y deben tener la libertad para hacerlo. En estos casos, sólo las partes adquieren los derechos y obligaciones previstos             en el contrato. Y en los casos donde se invoque la intención implícita, la decisión dependerá de todas las disposiciones del contrato y de las circunstancias del caso. Aunque el tercero generalmente estará agradecido de recibir el derecho que las partes le han otorgado, no se le puede forzar a aceptarlo. En consecuencia el tercero puede renunciar a este derecho, de forma expresa o implícita.

Finalmente de los títulos civiles a la orden y al portador; este tipo de actos constituyen otra forma de declaración unilateral obligatoria consisten en la promesa contenida en un documento de haber una prestación en favor de alguien determinado o indeterminado que posea el documento.  “puede el deudor obligarse otorgando documentos civiles pagaderos a la orden o al portador” (artículo 1849 C.C.CH).  En el concepto de obligación hay que distinguir dos momentos: uno respecto a la conducta que el deudor debe llevar a cabo a favor del acreedor y otro que es la consecuencia de incumplir con lo que se estaba obligado. Si ligamos los dos presupuestos que hasta el momento hemos logrado construir, estamos legitimados para concluir que cualquiera, por su propia y única voluntad, puede someterse ante un número indeterminado de personas a llevar a cabo a favor de ellas o de algunas de ellas que llenen un determinado requisito una prestación. Consideramos que en todo caso en estas declaraciones se establece a favor del sujeto activo indeterminado un beneficio, nunca un perjuicio.

Si tomamos lo dispuesto anteriormente tenemos que llegar a la conclusión consistente en que las declaraciones unilaterales de voluntad no reglamentadas expresamente se regirán por las disposiciones voluntarias de quienes las hayan hecho dentro del marco del orden público y el respeto a los derechos de tercero, por las reglas generales aplicables a los contratos y a falta de estas disposiciones por los principios generales del derecho, entre los que se encuentra la analogía, la cual se tomará a partir de las declaraciones unilaterales de voluntad que sí estén reguladas.

BibliografíaManuel Bejarano Sánchez. Obligaciones Civiles. México: Oxford.

Código Civil del Estado de Chiapas. Vigesima Edición. Editorial Sista.